Dom, 30/08/2009 - 16:41
No se sabe nada de los detenidos.
Foto: Abraham PérezRepresentantes de organizaciones civiles aseguraron que lo ocurrido el sábado durante la protesta en contra de la construcción de la línea 2 y 3 del Macrobús, que fue disuelta con violencia, se trató de una emboscada preparada con toda alevosía y llevada a cabo por agentes antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes implementaron un “operativo de cerco desde varios puntos”. Además, culparon de los hechos al gobernador Emilio González Márquez y pidieron la inmediata liberación de los detenidos, a los que declararon presos políticos.
Los manifestantes ya presentaron queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Natalia Barragán
Fuente
“Una vez más, el gobierno del estado de Jalisco […] demuestra su carácter represivo, autoritario y fascista al enviar sus cuerpos de seguridad a reprimir de manera indiscriminada a la población civil con el ridículo argumento de que se intentaba boicotear un acto oficial relacionado al Festival del Mariachi […] Sólo fue un pretexto para criminalizar la protesta social, detener a los líderes e intentar desmovilizar a la población que está en contra de la construcción de la línea 2 y 3 del Macrobús ya que está en juego un jugoso negocio de cientos o talvez miles de millones de pesos”.En un documento dirigido a la comunidad jalisciense y a las autoridades del estado, los inconformes, representados por el activista y ex candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, Gilberto Parra, narraron su versión de los hechos y exigieron la presentación de la lista oficial de los detenidos y su inmediata liberación; un informe de sus condiciones de salud; el castigo a los autores intelectuales y materiales, así como el cese de la represión y la criminalización de las protestas sociales y de la persecución de los líderes sociales en Jalisco. El documento fue firmado por organizaciones como el Movimiento Ciudadano en Defensa del Dinero Público y el Estado Laico, el Congreso Ciudadano y el Parlamento de Colonias, entre otras.
Los manifestantes ya presentaron queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Natalia Barragán
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